El Gobierno nacional formalizó este martes 26 de mayo la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia por el otorgamiento de pasajes gratuitos.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se fundamenta en el nuevo paradigma de libertad tarifaria del sector.
Fin de los pagos, pero no del derecho
La Resolución 28/2026 deja sin efecto el esquema de pagos parciales que, desde 2018, el Estado realizaba a las compañías para mitigar el costo de los boletos otorgados por leyes especiales que benefician a personas con discapacidad, trasplantados o en proceso de trasplante y niños y adolescentes con cáncer.
Sin embargo, la normativa es taxativa al aclarar que esta decisión no afecta el contenido esencial del derecho a la gratuidad.
De esta manera, las empresas de transporte de carácter interjurisdiccional están obligadas a seguir entregando los boletos sin cargo a los beneficiarios de las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados o en lista de espera) y 27.674 (niños, niñas y adolescentes con cáncer).
El cambio radica en que ahora las firmas deberán absorber dicho costo dentro de su estructura operativa.
El argumento oficial: libertad tarifaria
La Secretaría de Transporte justificó la medida señalando que el sistema de compensaciones respondía a un contexto de “fuerte intervención estatal” y tarifas reguladas que ya fue superado.
Con la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, los transportistas pueden determinar libremente sus recorridos, horarios y, fundamentalmente, sus precios.
Según el texto oficial, esta capacidad de fijar precios libremente permite a los operadores “internalizar” las obligaciones legales de gratuidad, tornando “innecesaria” la continuidad del auxilio financiero estatal.
Para evitar incumplimientos, la resolución encomienda a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) garantizar el efectivo cumplimiento de la emisión de los pasajes gratuitos.
El organismo mantendrá los procedimientos de fiscalización para asegurar que los usuarios sigan accediendo al beneficio sin inconvenientes.
