Las empresas Guaymallén S.A., Lacticiniis S.A., El Talalo S.A. y Espartana S.A.S., pertenecientes al denominado Grupo Rivarola con sede en Arroyito, solicitaron ante el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nominación de San Francisco la apertura de su concurso preventivo como agrupamiento económico.
En paralelo, el ingeniero Reynaldo Iván Rivarola, presidente y garante de las sociedades, pidió su propio concurso personal y la suspensión del trámite hasta que se resuelva el de las firmas principales. La deuda global supera los 19 millones de dólares y la situación genera fuerte preocupación en toda la región.
El expediente, caratulado “El Guaymallén S.A. y otros – Pequeño Concurso Preventivo”, fue presentado el 6 de octubre de 2025 por el abogado Fernando César Aznar.
Las firmas involucradas —Guaymallén S.A., Lacticiniis S.A., El Talalo S.A. y Espartana S.A.S.— tienen sede en calle Sarmiento 628 de la ciudad de Arroyito y conforman un grupo empresario dedicado a la actividad agropecuaria, con siembra de cultivos, producción lechera y cría de ganado, ocupando centenares de hectáreas en la región.
La presentación busca que el tribunal declare la apertura del concurso preventivo conjunto e individual de las empresas, de acuerdo con los artículos 65 y siguientes de la Ley 24.522, que regula los concursos de agrupamientos económicos.
De acuerdo con la documentación presentada y fuentes cercanas al caso, el grupo arrastra una deuda multimillonaria compuesta por cheques rechazados y créditos financieros.
Solo en los últimos dos meses, las empresas acumularon:
Guaymallén S.A.: 1.234 cheques rechazados por $5.000 millones.
Lacticiniis S.A.: 479 cheques rechazados por $2.400 millones.
El Talalo S.A.: 93 cheques rechazados por $717 millones.
En total, los cheques impagos suman más de $8.100 millones, equivalentes a unos 5,5 millones de dólares.
Si se agregan los créditos financieros y comerciales, la deuda total del grupo asciende a $20.000 millones, es decir 13 millones de dólares adicionales.
En conjunto, el pasivo del Grupo Rivarola supera los 19 millones de dólares.
La crisis tiene un fuerte impacto en la economía regional.
El Grupo Rivarola mantiene vínculos con proveedores, transportistas, contratistas rurales, cooperativas y empleados de Arroyito, Tránsito, Las Varas, El Tío, Sacanta y San Francisco.
La caída en cadena ya afecta a varios productores que no cobraron servicios, alquileres o trabajos rurales, y se denuncian deudas laborales y pagos en negro.
Referentes del sector agroindustrial señalaron que la situación “podría arrastrar a otras empresas de la zona que mantenían relaciones económicas con el grupo”, generando un efecto dominó en la cadena lechera y de insumos agropecuarios del este provincial.
En paralelo, el presidente del grupo, Reynaldo Iván Rivarola, ingeniero agrónomo y productor, se presentó por derecho propio como persona humana no comerciante, solicitando su concurso preventivo personal.
Explicó que su situación económica está directamente ligada a las empresas, ya que fue garante de sus obligaciones ante entidades como el Banco Ciudad de Buenos Aires, la Cooperativa Tambera Las Cañitas Ltda. y Noal S.A.
Rivarola pidió que el tribunal suspenda el trámite de su concurso hasta que se resuelva la apertura de los concursos de las sociedades y se publiquen los edictos judiciales, para luego continuar el proceso de forma conjunta (art. 68 de la Ley 24.522).
También solicitó ser considerado dentro del régimen de “pequeño concurso”, al no tener empleados registrados.
El abogado Fernando Aznar planteó la inconstitucionalidad parcial del artículo 68 de la Ley de Concursos y Quiebras, cuestionando el plazo de 30 días fijado para que un garante pueda presentarse luego de la publicación de edictos, al considerarlo arbitrario y desigual frente al deudor principal.
Asimismo, objetó los aportes obligatorios a la Caja de Abogados y la tasa de justicia provincial, calificándolos de “excesivos” en el contexto de un proceso concursal.
Ambos escritos dejan constancia de la reserva del caso federal, lo que habilitaría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de rechazo de los planteos.
El tribunal de San Francisco deberá analizar los requisitos formales y sustanciales de las presentaciones antes de resolver si declara la apertura de los concursos preventivos.
De concederse, se designará un síndico, se publicarán los edictos y se abrirá el período de verificación de créditos para los acreedores.
Por ahora, los expedientes permanecen en etapa de análisis, sin resoluciones de apertura ni designaciones oficiales.
